La brecha fiscal entre comunidades se acrecienta y el mapa de los impuestos autonómicos se complica en el año de la reforma fiscal. Trece autonomías han realizado cambios en la tarifa del IRPF de 2015 para adaptarse a la bajada estatal. Andalucía y Cataluña no lo han hecho, y se sitúan como las regiones con la fiscalidad más elevada de España, también en Patrimonio y Sucesiones frente a Madrid, que vuelve a posicionarse como la que menos impuestos grava, a una distancia aún mayor que en años pasados. Es la conclusión del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), que ayer presentó el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2015. Las comunidades, además, han incrementado el número de tributos propios que crean hasta 74 .
El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma fiscal, que reduce de siete a cinco el número de tramos del IRPF. Las comunidades autónomas tienen competencia para modificar la escala autonómica del impuesto, dado que tienen cedida la recaudación del 50% del mismo, por lo que como consecuencia de estos cambios, el tipo mínimo que efectivamente pagarán los contribuyentes este año se moverá entre el 19,5% y el 22%, mientras que el máximo variará, según la comunidad, entre el 44,5% y el 49%.
Así, el tipo mínimo estatal se sitúa en el 20%, aunque algunas comunidades lo han rebajado hasta el 19,5%, el caso de Madrid, Baleares y Canarias, mientras que el marginal máximo está en el 47%, pero se eleva al 49% en Andalucía, Cataluña y Asturias. Sin embargo, como los cambios autonómicos sólo se perciben a la hora de declarar el impuesto en la Campaña de la Renta, que tendrá lugar en la primavera de 2016, los contribuyentes andaluces y catalanes acudirán a las urnas este año percibiendo la rebaja de retenciones estatal en sus nóminas, aunque el año que viene a muchos la declaración les saldrá a pagar.
De esta forma, Cataluña, Andalucía y Asturias lideran el ránking de los marginales más altos, del 49%. A su vez, Cataluña y Andalucía mantienen el primer puesto en el marginal mínimo más alto, del 22%, que Asturias coloca más abajo, en el 21%. Madrid, en cambio, mantiene el marginal máximo más bajo, del 44,5%, ahora en solitario, ya que La Rioja, que le acompañaba en otros ejercicios en este puesto, lo tiene en el 44,9%. La comunidad que preside Ignacio González comparte el escalafón del marginal mínimo más bajo, del 19,5%, con Baleares y Canarias.
En cuanto a deducciones e incentivos, las únicas que regulan en lo que respecta al mínimo personal y familiar son Madrid y Baleares. Madrid ofrece 4.400 euros por tercer hijo (frente a 4.000 euros de la reforma estatal), entre otras mejoras. Baleares mejora por primera vez algunos mínimos familiares. La mayoría de regiones ofrece deducciones desiguales por circunstancias personales y familiares y gastos de guardería.
Una vez que el Gobierno renunció a revisar la fiscalidad autonómica en la reforma fiscal, el mapa regional de impuestos cedidos y propios sigue complicándose. En el Impuesto sobre el Patrimonio, las principales novedades apuntan a Baleares, que ha subido el mínimo exento de 700.000 a 800.000 euros, y a La Rioja, que ha aprobado una bonificación del 50%. Cataluña mantiene el mínimo exento más perjudicial para el contribuyente, de 500.000 euros. En cuanto a la tarifa, la más elevada se sitúa en Andalucía y Galicia (0,24-3,03%), seguidas de Asturias (0,22-3%), Cataluña (0,21.-2,75%), Extremadura (0,30-3,75%) y Murcia (0,24-3%).
Por ejemplo, un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros pagará en Cataluña 769 euros frente a cero euros en Madrid, diferencia que se acrecienta en 41.943 euros en el caso de que tenga un patrimonio de 4 millones, y sube hasta 54.819 euros si reside en Extremadura frente a Madrid.
En lo que respecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, destaca que en Aragón se ha elevado la bonificación (del 50% al 65%) tanto para transmisiones inter vivos como para mortis causa, mientras que en Extremadura se establecen bonificaciones del 99% para descendientes menores de 21 años y deducciones para bases que no superen los 600.000 euros si se trata de familiares directos.
En Cantabria, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha se tributa de manera “simbólica” en Sucesiones, mientras que en Donaciones los familiares cercanos tienen una bonificación en el caso de la capital de España del 99%, del 95% en Castilla-La Mancha, del 65% en Aragón, del 7% en Baleares y del 5% al 9% en el caso de Galicia y Cataluña.
A la vista de estos datos, el Reaf sigue advirtiendo de problemas de gestión por la existencia de diferentes plataformas de presentación de autoliquidaciones, así como de la diferente tributación en muchos impuestos, especialmente en Sucesiones, según el lugar de residencia, que está provocando “controversias” entre regiones como en Comunidad Valenciana y La Rioja. Las diferencias entre una donación de 800.000 euros entre Cataluña y Madrid son de 206.000 euros.
En Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), sólo en Madrid y Navarra (6%) y Canarias (6,5%) se aplica un tipo inferior al 7%, que es el que tienen los territorios forales. Madrid ofrece este año bonificaciones del 95% en las modalidades de TPO y AJD en la adquisición y documentación de operaciones relacionadas con inmuebles vinculadas a actividades industriales a desarrollar en el Corredor del Henares. Por su parte, Castilla y León establece un tipo reducido del 4% en TPO para transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales. También introducen mejoras Andalucía y Cantabria.
La brecha en ITP es de 6.000 euros entre Madrid, donde se pagan 9.000 euros para una base imponible de 150.000 euros, y 15.000 euros que deben abonarse en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. En AJD, las divergencias son de 1.125 euros para bases de 150.000 euros entre Canarias y Madrid, donde se pagan 1.125 euros, y Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Los economistas destacaron que es urgente revisar la tributación de la riqueza y su transmisión, y añadieron que la fiscalidad por AJD es un “lastre para operaciones inmobiliarias”.

Fuente: Diario Económico Expansión 11/3/2015